000			02887nmm a2200265 a 4500
003			CO-CtgCURN
005			20250717170313.0
008			190715s2010 xx f 000 0 spa d
040			_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn
082			_aDER 2010 _bE74p
100			_aEscobar Céspedes, Alba Ruth _9215 _eautora
245		0	_aPolítica criminal y principio de oportunidad : _buna herramienta judicial _h[electronic resource] / _cAlba Ruth Escobar Céspedes; asesora., Marina López Sepúlveda
260			_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2010
300			_a1 recurso en línea (135 páginas (PDF))
502			_aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2010
504			_aIncluye referencias bibliográficas
520			_aEl principio de legalidad consiste en que la Fiscalía General de la Nación esta obligada a perseguir a los intervinientes en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento y el principio de oportunidad consiste en que se puede suspender, interrumpir, renunciar, a la persecución penal en los casos establecidos por la ley. Con la aplicación de oportunidad se busca resolver las inquietudes de la doctrina clásica del derecho procesal penal universal, donde en un extremo del ejercicio de la acción penal no tiene entidad y en el otro extremo dicho ejercicio tiene entidad tal que puede destruir has el mismo Estado. Examinando las causales de aplicación del principio de oportunidad, concluyo que aquellas hacen del ejercicio del poder punitivo del estado que se racional, son moduladores para ello Las causales de aplicación del principio de oportunidad son entonces moduladores para materializar el objetivo de la justicia del caso correcto. Desde la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad, se ha hecho necesario adoptar políticas con que pueda contar el estado para responder al crimen organizado, es por ello que se ha implementado una herramienta jurídico-política que permite hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar los intereses sociales del estado.
521			_aAREA PROFESIONAL
590			_aPrograma de Derecho_18
650			_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _9216
700			_aLópez Sepúlveda, Marina _easesora _9217
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942			_cTG _hDER 2010 _iE74p _2ddc _n0
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