Cap.1. La intervención del estado en la economía -- Cap.2. Inspección, vigilancia y control del sector financiero -- Cap.3. El delito contra el orden económico social o el delito económico -- Cap.4. Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas -- Cap.5. La crisis financiera de 1982 y la legislación penal -- Cap.6. Utilización indebida de fondos captados del público -- Cap.7. El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados -- Cap.8. El delito de captación masiva y habitual de dineros -- Cap.9. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios -- Cap.10. sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra e sistema financiero.

Se creía con la adopción del nuevo Código, el país se ponía a tono con las nuevas tendencias de la ciencia penal y que se había logrado incluir todas las formas imaginables como constitutivas de vulneración del orden económico social, entendido éste, de manera general, como la facultad jurídica de regulación de la intervención del Estado en la economía. Empero, a poco andar, en el año de 1982, el país enfrentó la más grande, desastrosa y perjudicial crisis financiera de que se tenga noticia, cuando, por múltiples factores que se analizan a lo largo de etas monografía, 75.000 ciudadanos ven desaparecer sus ahorros y algunas entidades que se creían sólidas y respetables, evidencian su falencias y en muchas ocasiones, los malos manejos de sus administradores. Ante los hechos comentados, el Gobierno acudió a la fórmula acostumbrada para estas situaciones, la huida al derecho penal. En efecto, como quiera que, en sentir de las autoridades, los comportamientos que se desarrollaron contra el sector financiero no tenían pleno acomodo en las recientes figuras penales creadas en el estatuto de 1980, además del impacto que debía causarse en la opinión pública con la expedición de normas de carácter represivo, se acude a la emergencia económica y se profiere, apresuradamente, el Decreto 2920 "Por el cual se dictan normas para asegurar la confianza del público en el sector financiero colombiano.

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