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Los desafíos de la reparación integral en la restitución de tierras / [electronic resource] / Katherine Gaitán Molina; Mayra Alejandra Rodríguez Mora; Petrona Rodríguez Toloza; asesor., Jorge Mejía Turizo

Por: Colaborador(es): Tipo de material: Archivo de ordenadorDetalles de publicación: Barranquilla, Atlántico : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2024Descripción: 1 recurso en línea (57 páginas (PDF)) : imágenesTema(s): Clasificación CDD:
  • DER 2024 G144d
Recursos en línea: Nota de disertación: Trabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2024 Resumen: El Estado tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad nacional, elevar la dignidad de los individuos y resolver conflictos para mantener relaciones pacíficas entre los ciudadanos. Además, debe supervisar las situaciones jurídicas y sociales de sus habitantes para proteger sus vidas, honra y propiedades. Esto implica la obligación de prevenir el desplazamiento forzado y adoptar medidas efectivas para proteger los derechos de los desplazados, quienes son particularmente vulnerables en el contexto del conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado se define como el traslado involuntario de personas debido a violencia, conflicto armado o desastres naturales, lo que transforma radicalmente su condición, provocando la pérdida de sus territorios y vínculos familiares. En este contexto, surge la figura de la restitución de tierras, que busca devolver a las víctimas sus predios despojados, independientemente de la posesión de títulos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no solo se enfoca en la restitución física, sino también en mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas. Es por eso que el proceso de reparación integral en la restitución de tierras implica abordar desafíos legales, económicos, sociales y culturales, con la participación activa de las víctimas y diversas instituciones. La Ley de Víctimas ha establecido un procedimiento especial para gestionar las solicitudes de restitución, ampliándose progresivamente a zonas priorizadas por su historia de despojo. implementación ha contribuido a la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas, así como a la judicialización de los responsables de los delitos.
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Trabajos de grado Miguel Henríquez Castañeda Barranquilla Trabajo de grado Trabajos de grado DER 2024 G144d (Navegar estantería(Abre debajo)) ej.1 Disponible 05425

Trabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2024

Incluye referencias bibliográficas

El Estado tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad nacional, elevar la dignidad de los individuos y resolver conflictos para mantener relaciones pacíficas entre los ciudadanos. Además, debe supervisar las situaciones jurídicas y sociales de sus habitantes para proteger sus vidas, honra y propiedades. Esto implica la obligación de prevenir el desplazamiento forzado y adoptar medidas efectivas para proteger los derechos de los desplazados, quienes son particularmente vulnerables en el contexto del conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado se define como el traslado involuntario de personas debido a violencia, conflicto armado o desastres naturales, lo que transforma radicalmente su condición, provocando la pérdida de sus territorios y vínculos familiares. En este contexto, surge la figura de la restitución de tierras, que busca devolver a las víctimas sus predios despojados, independientemente de la posesión de títulos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no solo se enfoca en la restitución física, sino también en mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas. Es por eso que el proceso de reparación integral en la restitución de tierras implica abordar desafíos legales, económicos, sociales y culturales, con la participación activa de las víctimas y diversas instituciones. La Ley de Víctimas ha establecido un procedimiento especial para gestionar las solicitudes de restitución, ampliándose progresivamente a zonas priorizadas por su historia de despojo. implementación ha contribuido a la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas, así como a la judicialización de los responsables de los delitos.

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