Trabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2024

Incluye referencias bibliográficas

En Colombia, los servicios públicos domiciliarios como el agua potable, la energía eléctrica, el gas y las telecomunicaciones, juegan un papel esencial en la vida diaria de los ciudadanos, pues son bienes insustituibles, necesidades esenciales de la población sujetas a la existencia. Por ello, la calidad y continuidad de estos servicios impactan directamente en el bienestar de la población y en el desarrollo económico del país. Con la promulgación de la Constitución Policía del 1991 estos son entendidos como base para la lograr los fines del Estado, a los que se unen intereses de justicia social, dignidad humana, equidad y calidad de vida respecto de los usuarios, y el principio de libertad económica correspondiente a los prestadores, dentro del diseño de Estado Regulador. Dada su importancia, el Estado ha creado entidades reguladoras y de control, como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Estas entidades supervisan y regulan la prestación de los servicios, velando por los derechos de los usuarios y promoviendo la calidad y eficiencia en su prestación del servicio. Adicionalmente, los usuarios Servicios Públicos Domiciliarios cuentan con mecanismos de protección que permiten a estos presentar peticiones, quejas, reclamar compensaciones y buscar soluciones a problemas que puedan surgir en la prestación de estos Servicios Públicos Domiciliarios. La presente investigación, se desarrolló a través del método Socio- jurídico, porque se realizará un estudio de la normativa (leyes, decretos y sentencias) que están relacionados con el tema de SPD en Colombia aplica un enfoque socio jurídico e interdisciplinario que integra la sociología jurídica con la ciencia política, el derecho y la economía. Por otra parte, se utilizó una metodología descriptiva, pues, se resolvió el interrogante trazado, los mecanismos y acciones que pueden usar los usuarios para controvertir las decisiones de los prestadores. También se utilizaron fuentes primarias, secundarias y el análisis documental. El planteamiento del problema se reduce en la siguiente pregunta: ¿Qué herramientas cuentan los usuarios para la protección, defensa

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